Desprotección del afectado en ocupaciones ilegales sin violencia ni intimidación: allanamiento de morada y usurpación de inmuebles

  1. VIRGINIA MAYORDOMO RODRIGO
Revista:
Revista General de Derecho Penal

ISSN: 1698-1189

Año de publicación: 2020

Número: 34

Tipo: Artículo

DIALNET GOOGLE SCHOLAR

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Resumen

Este trabajo no pretende adentrarse en el gravísimo problema social que afecta a las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para poder costear la propiedad o el alquiler de una vivienda, o en las penosas situaciones de quienes padecen un desahucio sino abordar estrictamente los problemas que plantea a su legítimo titular la ocupación de casas habitadas o de inmuebles habitables. Quien detenta el título posesorio, por muy crítica o penosa que sea la situación personal del que ocupa ilegalmente, no es el obligado a resolver ni a asumir las consecuencias de esa situación, sino que son los poderes públicos los encargados de paliarlo o resolverlo. Al profano le resulta incomprensible cómo puede amparar el derecho a la inviolabilidad del domicilio a quien lo ha ocupado ilegalmente. Y que la Policía, al recibir la denuncia, no puede entrar y echar al ocupante ilegal por la fuerza, salvo en caso de delito flagrante. En estas páginas se analiza el delito de allanamiento de morada y el de usurpación de inmuebles, incidiendo en el debate que sigue suscitando la pervivencia de esta última conducta como delito si no se ha llevado a cabo con violencia o intimidación, así como en las posibilidades legales existentes para que, en tanto no concluya el procedimiento judicial, se pueda dictar una medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble. Y, desde esta perspectiva, pretendemos poner de manifiesto la consiguiente y, hasta la promulgación de la Ley 5/2018, incomprensible indefensión del afectado, que se veía privado de su derecho y al que -inexplicablemente- se le ha venido otorgando menor protección que al ocupante ilegal. Y analizamos las pautas de actuación dictadas por la Fiscalía General del Estado en su Instrucción nº 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, con la finalidad de comprobar si las indicaciones contenidas en este texto contribuyen a paliar los daños causados con estas conductas a la persona afectada.

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