La guerra de la convención en Guipúzcoa (1793-1795) (Resumen)funcionamiento institucional y particularismo foral en el contexto de un conflicto internacional

Resumen

La tesis que presentamos analiza el funcionamiento de las instituciones locales y provinciales de Guipúzcoa durante la Guerra de la Convención, que aconteció entre los años 1793 a 1795 y que enfrentó a todos los reinos y señoríos de Rey Carlos IV contra la República francesa. Esta, fue una guerra global de Europa en oposición a la Francia republicana y general de España contra los convencionales franceses, pero nos centraremos fundamentalmente en lo sucedido en la Guipúzcoa de aquellos tiempos, por sus connotaciones particulares, y especialmente para tratar de aclarar afirmaciones o hipótesis que seguramente son fruto, no de un error de interpretación documental, sino más bien de una falta de contextualización más amplia de la realidad de la guerra. Las particularidades de la guerra en Guipúzcoa se han tratado por un buen número de historiadores. Todos ellos han realizado un gran trabajo, pues gracias a ellos conocemos mejor lo que pudo haber sucedido. Sin embargo, no hay que olvidar que en este tema hay una gran carga ideológica, normalmente bien intencionada, pero ideológica, al fin y al cabo. Los historiadores militares tratan de justificar o ignorar los grandes errores que cometieron los suyos, magnificando simultáneamente los éxitos. Los historiadores de ámbito nacional pretenden justificar las ineptitudes de los que tomaron decisiones que vinculaban a todos sus vasallos sin tener en cuenta sus capacidades, también por algunas razones de índole particular. Por último, hay algunos autores vascos a los que les falta contextualizar los hechos acaecidos en Guipúzcoa. Lo que sí es una constante en la mayoría de los historiadores, es que Guipúzcoa fue una Provincia que se concertó con los invasores franceses pretendiendo que estos la reconocieran como república independiente bajo la protección francesa. Lo que para los historiadores españoles fue una traición, ahora se encuentra aupada por historiadores vascos. Durante y después de la guerra, el Rey Carlos IV prometió a los guipuzcoanos que reintegraría el buen nombre de los guipuzcoanos y de la propia Guipúzcoa, pero no lo hizo y ambos quedaron manchados para la historia. Lo que nosotros hemos concluido en la presente tesis es que Guipuzcoa y los guipuzcoanos fueron fieles a su Rey, a su Dios y a su Patria y que lucharon con todos sus medios contra los franceses a pesar de la inoperancia del Ejército español y de la falta de suministro de armas con que defender la Provincia. Que era cierto que la Diputación se concertó con los franceses, pero no lo hizo ni la casi totalidad del pueblo ni su Junta General, que lucharon hasta la extenuación. Las instituciones provinciales y locales desarrollaron su actividad de acuerdo con su fuero, con las limitaciones lógicas de estar en guerra con un enemigo bien armado y organizado y un Ejército español que no cumplió con el deber requerido. La actividad institucional estuvo presidida por el Corregidor nombrado al efecto por el Rey, D. Miguel de Mendinueta, el cual aseguró en varias ocasiones que el Rey desagraviaría a la Provincia. En la parte del territorio guipuzcoano ocupado por los franceses, estos les trataron como país conquistado y, naturalmente, dejaron de funcionar las instituciones forales pues allí mandaban los Representantes del Pueblo y los Generales franceses. Con el ánimo de no incurrir en el mismo error que denunciamos al analizar los trabajos de la mayoría de los historiadores que vieron los hechos desde un enfoque determinado, nosotros hemos pretendido analizar lo sucedido con perspectiva de 360º; de tal forma que hemos realizado un relatado de hechos considerando lo que hicieron los guipuzcoanos fieles y los infidentes a su Rey, su Dios y su Patria, lo ordenado por el Rey y su gobierno, las acciones del Ejército español y sus consecuencias así como lo realizado por Francia y sus principales actores (Comité de Salvación Pública, Representantes del Pueblo y Ejército francés visto desde sus propios documentos). Igualmente hemos visto la Guerra de la Convención entre España y Francia como un todo indisoluble, por que observamos que, tanto para franceses como para españoles, la guerra era un todo global y las estrategias de cada una de estas dos partes eran la de destruir el régimen político de la otra. Ni Guipuzcoa, ni el Reino de Navarra ni Cataluña eran parte como tales, aunque si eran intervinientes al formar parte del Reino de España. La guerra la declararon los reinos y señoríos del Rey Carlos IV y la República francesa, al igual que fueron los que negociaron y firmaron el Tratado de Paz de Basilea el 22 de julio de 1795. Lo anterior no obsta para constatar que la Diputación Ordinaría y Extraordinaria de Guipúzcoa por unanimidad o por mayoría de sus miembros acordaron negociar, sin estar habilitados ni por la Junta ni por el fuero, un alto el fuego con los Representantes del Pueblo en el Ejército francés de los Pineos Occidentales, aceptaron la entrega de armas y convocaron una Junta General de la Provincia a la que asistieron la mayoría de los pueblos bajo amenaza y coacción y realizaron una propuesta a los franceses para que Guipúzcoa fuera considerada como una república independiente bajo protección francesa. Los franceses a dicha propuesta de la Junta respondieron dándoles un plazo de 24 horas para que decidieran integrarse en la República francesa o serían considerados países conquistados, como así fue, y los procuradores fueron llevados presos a Bayona. Los hechos son, que el territorio de Guipúzcoa comprendido en la línea que va desde Tolosa a Guetaria quedó en manos de los franceses y el resto de la Provincia sin gobierno al estar los componentes de la Diputación presos en Bayona o colaborando con el Ejército francés contra sus propios vecinos. Por su parte el Ejército español estaba desintegrado al igual que las milicias guipuzcoanas, pero en el otro extremo de la Provincia, en Salinas de Léniz, muy cerca de Mondragón y en la misma línea con Álava, surgió el embrión de la reorganización de Guipúzcoa y a mediados de dicho mes, mientras en Guetaria se negociaba con los franceses la entrega de armas y la prestación de auxilios al Ejército francés, se pusieron las bases para convocar una Junta de los pueblos no ocupados por los franceses. Junta que se celebró en Mondragón durante los días 1 a 13 de septiembre de 1794, eligiéndose una nueva Diputación y organizando a los guipuzcoanos en la defensa de su Rey, su Dios y su Patria. Para el desarrollo de la tesis y contextualización de lo sucedido, se ha partido del estudio de toda la documentación existente en el Archivo General de Guipúzcoa y archivos de los cinco pueblos de referencia, desde 1792 a 1797 e incluso en años posteriores siguiendo temas concretos, por ejemplo, siguiendo la devolución del importe de la plata entregada por las iglesias y conventos para financiar la guerra, se ha tenido que analizar la documentación de juntas hasta 1869. Se ha buscado la documentación en todos los archivos en los que se presumía que la había, entre los más importantes a estos efectos citaremos los archivos siguientes: Histórico Nacional, General Militar de Madrid, General de Simancas, Real Chancillería de Valladolid, Biblioteca Nacional de España y Nacional de Francia en París. En estos archivos se ha analizado la documentación de la guerra y la previa y posterior a la misma, siguiendo los antecedentes y las consecuencias de la misma. Por ejemplo, en la Real Chancillería de Valladolid se estudian los pleitos causados por los sucesos de la guerra, por lo que nos extendemos hasta el año 1800. No teníamos ninguna premisa de partida para la conclusión de la tesis. Iniciamos su desarrollo sin saber a dónde llegaríamos, pero teníamos como objetivo irrenunciable que lo que saliese debía ser fruto de una convicción objetiva y documentada, con perspectiva no microscópica, sino de globalidad. Como la tesis se ha realizado haciendo un amplísimo trabajo de investigación en archivos, se ha ido conformando un estado del conocimiento de la materia investigada que se iba modificando con el conocimiento que se adquiría, llegando, en algunas ocasiones, a modificar premisas adquiridas que parecían consolidadas. Los guipuzcoanos, según fuero, tenían la obligación de defender su frontera. Sin embargo, esa obligación también la tenía el Ejército de España pues era una obligación compartida. No cabe la interpretación interesada que quiso hacer el Capitán General de Guipúzcoa D. Ventura Caro cuando planteó al Consejo de Guerra presidido por el Secretario de Defensa (Conde del Campo de Alange), en el sentido de que si los guipuzcoanos tenían el deber de defender la frontera había que dejarles a ellos solos para su defensa. Es impensable que las milicias guipuzcoanas sin apenas formación ni adiestramiento pudieran a finales del siglo XVIII, enfrentarse a un Ejército bien mandado; con armamento, munición avanzada y además adiestramiento militar, como era el Ejército francés. El Ejército español de los Pirineos Occidentales realizó una campaña brillante en 1793, para posteriormente decaer por falta de medios en las campañas de 1794 y 1795. La trayectoria del Ejército francés, por el contrario, fue de menos a más, y en 1795 era un Ejército victorioso. Se ha escrito mucho y variado sobre Romero y Aldamar, cuyo grupo no excedía de 20 o 25 personas. Sin embargo, muy poco de lo bien que funcionaron las instituciones de la Provincia en la zona no ocupada por el Ejército francés, surgidas de la firme convicción de un territorio, cuyos patrones de existencia eran su Dios, su Rey y su Patria. Renacida de la indigencia económica, con el apoyo del Diputado General de Álava, la incomprensión del Ejército español y del Señorío de Vizcaya y, como no decirlo, con el apoyo total y absoluto de todos los estamentos de la Iglesia. También es justo mencionar el apoyo de gran parte de la ciudadanía de los territorios ocupados por el Ejército francés. Nuestro esfuerzo se orientó a probar que las instituciones de la Provincia se reorganizaron en la zona no ocupada, con las limitaciones propias del estado de guerra y el abandono por parte del Ejército español, que la consideró, como un territorio perdido. En la zona de la Provincia ocupada por los franceses las instituciones forales fueron anuladas, solo hubo una organización controlada por los Representantes del Pueblo francés, al objeto de servir las necesidades de su Ejército. También nos interesa resaltar que la población, tanto de la zona ocupada como de la zona libre, seguía siendo fiel a sus ejes vitales, y que incluso los pocos afrancesados que seguían a Romero querían mantener su régimen foral (sin esa monarquía), y su Dios. El papel de la iglesia fue muy importante al prestar un apoyo total a las autoridades e instituciones surgidas en la zona no ocupada, no solo con el apoyo desde el púlpito, sino también con sus riquezas para financiar la guerra a la Provincia. Además, con actos heroicos de sacerdotes que al frente de sus feligreses luchaban contra el Ejército francés. Esta lucha de los eclesiásticos contra los franceses no fue desinteresada ya que ellos también luchaban por su subsistencia. Para los franceses también fue una guerra contra esa religión, y eso los Obispos de Pamplona y Calahorra lo entendieron muy bien. La invasión se produjo el 25 de julio de 1794 por el Valle del Baztán en Navarra, (por donde bien predijo el General Caro). Avanzó hacia Irún, cayó Fuenterrabía el 2 de agosto, el 4 se entregó San Sebastián y el 9 de agosto Tolosa, donde se estableció el Ejército francés por un año. El Jefe del Ejército español en los Pirineos Occidentales, D. Ventura Caro, estaba perfectamente informado de las pretensiones francesas, y por ello conocía lo irremediable, por lo que prefirió marchar y dejar el puesto, que se lo entregaron al incompetente Conde de Colomera, sin conocimiento y sin facultades para dirigir un Ejército en guerra. Por su parte, los franceses también conocían la fortificación de la frontera guipuzcoana y simplemente la rodearon, con lo que el Ejército español, antes de cerrarse el círculo huyó, abandonando armamento, enseres y multitud de provisiones que fueron muy bien aprovechadas por el Ejército francés, hasta tal punto que, el historiador francés Beaulac, que conoció los hechos directamente (por estar próximo a Moncey), afirmó que la mayoría de la artillería utilizada por los franceses, era la abandonada por los españoles. Los soldados españoles sin mando, se abandonaron al pillaje y fueron seguidos por los milicianos guipuzcoanos comino de sus casas. No repararon en el segundo cordón de seguridad construido en Hernani. El Conde de Colomera trató de organizar lo que quedaba de su Ejército en la villa de Tolosa, en la que agrupó hasta 10.000 hombres hasta que la villa fue desalojada por los franceses el 9 de agosto. El Ejército español lo dividió Colomera; 6.000 soldados a su frente se dirigieron a proteger el camino hacia Pamplona y los otros 4.000 se quedaron al mando del Marques de Rubí, para defender Guipúzcoa y desalojar a los franceses de la Provincia. El Ejército no tenía medios suficientes para oponerse a los franceses y tampoco proveyó de armas suficientes a los guipuzcoanos organizados por la reconstituida Junta Particular de Mondragón, que, tras 10 meses de lucha contra los franceses en estrecha colaboración con el Ejército, con las milicias alavesas y más tarde con las milicias vizcaínas, cayó la Provincia a primeros de julio de 1795. Después, la provincia de Álava y el Señorío de Vizcaya, llegando los franceses incluso a cruzar el río Ebro por Miranda de Ebro y en esas, se firmó el Tratado de Paz el 22 de julio en la ciudad suiza de Basilea, aunque la noticia llegó al frente el día 4 de agosto, llegando unos días antes al frente catalán. Producida la invasión el 25, las tropas francesas se coordinaron en atacar por tres frentes al mando de los Generales; Moncey, Labordé y Fregeville y, el 1 de agosto, cayeron Irún y Fuenterrabía prácticamente sin luchar, provocando los franceses una estampida en la línea defensiva al ver que estos pretendían envolverles. Fuenterrabía se entregó sin defenderse al estar casi destruida por la artillera francesa que estuvo bombardeando desde el 25 y con la oposición de la población civil de la ciudad que quería defender la misma, no lo querían así los jefes militares del Ejército. San Sebastián capituló el 4 de agosto, entregándose sin disparar un solo tiro, al entender que era lo más adecuado y ser destruido al verse reducida sus defensas por haberse llevado parte de su artillería para la fortificación de la frontera y de la ciudadela de Pamplona, pero sobre todo por entender que, si los franceses habían cruzado una frontera inexpugnable y habían provocado una gran desbandada en el Ejército y milicias, poco podría defender la tropa de una fortaleza mal armada y con un máximo de 1.700 hombres cuando no les habían frenado más de 10.000 soldados en una frontera fortificada e inexpugnable. En el caso de San Sebastián, al contrario de lo sucedido en Fuenterrabía, fue la corporación municipal la que presionó a los militares para que aceptasen su rendición. No compartimos la opinión de la mayoría de los autores respecto a que los franceses fuesen bien recibidos en San Sebastián, no dudamos que lo fueran por la corporación municipal, pero tenemos la certeza documental, de parte francesa, que de las casi 800 casas que había en la ciudad 386 se cerraron al huir sus moradores, además de otros muchos indicios. Las tropas del Ejército francés se apoderaron de un sinfín de aprovisionamientos que el Ejército español tenía en la frontera y pueblos adyacentes hasta San Sebastián. Eran 8000 fusiles, 500 cañones y una larga lista más, ya que el Ejército estaba preparado para una larga guerra defensiva. A la vista de la situación la Diputación de la Provincia se trasladó el 1 de agosto a la villa de Guetaria contraviniendo lo acordado en la Junta General y por su parte, el Ejército se retiró a la villa de Tolosa de donde fue desalojado por las tropas francesas el 9 de agosto con la ayuda de unos pocos informantes de la villa y el agasajo a la oficialidad por parte de Pablo Carrese y unos pocos más, una vez retirado el Ejército español de la villa. El 2 de agosto, Romero llegó a Guetaria a las 8 de la mañana y convocó a la Diputación para reunirse una hora más tarde. Decidieron convocar Diputación Extraordinaria para el 4 de agosto, en la que se acordó exponer por escrito a los Representantes del Pueblo francés sus deseos de tratar por medio de comisionados todo lo conducente a establecer la tranquilidad y buena armonía y evitar la efusión de sangre, propuesta que fue aceptada por los convencionales y estos, además, ofrecieron la integración de la Provincia en la República Francesa, a lo que el Sr. Corregidor mostró su disconformidad. Los tratos por escrito con los Representantes del Pueblo los realizaron personalmente Romero y Aldamar, pero ante las dificultades que planteaba ese sistema de negociación, se nombró una comisión para negociar “in personam” con los Representantes del Pueblo. Esta comisión la formaron Romero, Leizaur y Maíz, que negociaron la propuesta a someter a la Junta General a convocar para el 14 de agosto. La Diputación envió convocatoria a Junta el 9 de agosto, antes de ser aprobada por la Diputación Extraordinaria que era la competente, siendo esta convocatoria coactiva, causando malestar en muchos pueblos que incluso no llegaron a enviar procurador a dicha Junta. Se inició la Junta Particular el día previsto, con no demasiada asistencia, pero por los reiterados requerimientos llegó hasta los 43 pueblos representados pero sus procuradores, en la gran mayoría de los casos disponían de unos poderes que no les facultaban para la capitulación, tal como hemos comprobado con la lectura de la gran mayoría de los mismos. Llama la atención que el 16 de agosto la Diputación (no la Junta) requiriera a los pueblos para que entregasen las armas bajo amenaza de intervención del Ejército francés, y la orden, con muchas dudas, se ejecutó en los pueblos ocupados y también en otros. La Junta aprobó sin problemas la propuesta negociada por la comisión de la Diputación Extraordinaria y los Representantes del Pueblo. Sin embargo, la Junta fue más adelante y además proponía un convenio más amplio que también aprobó, en la sesión del 16, para pasárselo a los Representantes del Pueblo. En el convenio, lo más relevante era que Guipúzcoa fuera una república independiente con libertad religiosa y bajo la protección del Ejército francés. Durante la celebración de la Junta, los días 17 y 18 de agosto, ciertos hombres armados de las villas vizcaínas de Ondarroa y Ermua se apoderaron del contenido de los almacenes reales que estaban repletos, en la villa guipuzcoana de Deva. Como el contenido de estos almacenes había sido confiscado por el Ejército francés, avisado de las consecuencias de robos en dichos depósitos, y la responsabilidad subsidiaria de los vecinos de los pueblos en los que estaban asentados dichos almacenes, provocó una reacción ejemplarizante del Ejército francés, publicando una proclama de aviso. Saliendo las tropas del Ejército francés de Tolosa quemaron los pueblos de los asaltantes el 28 de agosto, sin compasión y con ensañamiento. Este hecho para algunos justificó que los franceses no cumplieran su compromiso de no traspasar el río Oria mientras estuviera la Junta reunida. Para otros en cambio, el Ejército francés cruzó el río Oria a petición de Romero. Los Representantes del Pueblo respondieron el 19 de agosto a la última proposición de la Junta de 16 de agosto, señalando que una Provincia pequeña, sin recursos y sin Ejército, no podía ser una república independiente por carecer de condiciones. Se ofrecía a la Provincia que formase parte de la República francesa y se les daba un plazo de 24 horas para aceptar, pero si no aceptaban se trataría a la Provincia como a un país conquistado. La Junta respondió a este ultimátum francés el 22 de agosto, indicando que los procuradores no tenían facultades para tomar el acuerdo de integrarse en la República francesa, y que suspenderían la Junta, para que los procuradores se desplazasen a sus respectivos pueblos y volvieran con la facultad necesaria. Además, consideraban que el plazo impuesto debía computarse desde que se reiniciara la Junta. Al día siguiente 23 de agosto, los Representantes del Pueblo emitieron un manifiesto al pueblo guipuzcoano, señalando que con esa maniobra solo quería la Junta ganar tiempo, que era incomprensible pretender formar una república independiente, y que en los sucesivo Guipúzcoa seria tratada como país conquistado. En la reunión de la Junta del 25 de agosto se presentaron las condiciones de capitulación, pero la votación se pospuso para el día siguiente. No llegó a producirse dicha votación, porque en la noche del 25 al 26 una columna del Ejército francés les detuvo y les llevó presos a la fortaleza de Bayona, donde llegaron el 28 de agosto, pero Romero y Aldamar fueron liberados antes de cruzar la frontera. En la parte de la Provincia ocupada por el Ejército francés las instituciones locales y Provinciales fueron borradas, de conformidad con la resolución de los Representantes del Pueblo. En San Sebastián se instauró el 16 de agosto una comisión municipal compuesta por 12 miembros de los que solo uno era donostiarra, el resto eran franceses y en los pueblos los alcaldes solo eran utilizados para que los vecinos prestaran algún servicio, generalmente relacionado con aprovisionamientos o transporte al Ejército francés. Los Representantes del Pueblo emitieron un decreto el 11 de septiembre por el que dividieron la parte de la Provincia conquistada en 4 distritos. Los cambios producidos en París también fueron llegando a la Provincia y el 18 de abril de 1795 se nombraron Oficiales Superiores de Policía en cada pueblo, con funciones de reorganizar la vida municipal, facilitar al Ejército provisiones y transporte y se organizó la vida municipal con dependencia de un órgano superior, compuesto por Romero, Diusteguy y Zuaznavar. Puestos en marcha de alguna forma los Ayuntamientos, se activó la Diputación mediante la Junta de Autoridades el 10 de mayo de 1795. El acta de esta reunión recogió manifestaciones hechas por Romero y hechos de los asistentes que no se produjeron, por lo que posteriormente fue impugnada. En la otra parte de la Provincia no ocupada por los franceses, también sucedían hechos relevantes, la primera y más importante es que con el Ejército francés ocupando la mitad de la Provincia, con una Diputación empeñada en que Guipúzcoa fuera una república independiente o formara parte de Francia y con un Ejército español derrotado y humillado y unos Tercios desintegrados, surgió en el otro extremo de la Provincia, un grupo de personas inspiradas por el Diputado General de Álava. Consiguieron agrupar a los pueblos libres de ocupación francesa, sin dinero ni armas y con muy poco apoyo del Ejército, además de reconstruir las instituciones de la Provincia y dar ilusión tanto a los 18 pueblos no ocupados como a los ocupados. La primera reunión, habría que fijarla el 22 de agosto de 1794, en la que se reúnen en Salinas su alcalde, un vecino de Oñate y los alcaldes de Arechavaleta y Escoriaza con un vocal de la Junta de Guerra de Álava, en representación de su Diputado General. Momento en el que organizaron su primer plan de defensa y la convocatoria de una Junta Particular. La Junta Particular de Mondragón se desarrolló entre los días 1 y 12 de septiembre de 1794 y tuvo los siguientes objetivos: - Reinstaurar las instituciones de la Provincia. - Organizar a las milicias de la Provincia para desalojar a los franceses y proveer de armas y munición y demás necesario. - Unir fuerzas con alaveses y vizcaínos elaborando un plan de defensa común. - Encontrar medios económicos para hacer frente a los gastos de la guerra. En las Juntas Particulares de Salinas del 12 al 25 de enero de 1795 se reincidía en los temas anteriores. En la Junta General también de Salinas de 2 a 7 de julio de 1795 prácticamente se despidió la Diputación porque el enemigo ya estaba a las puertas y ocupaba casi toda la Provincia, organizaron así la marcha y la Diputación de Mondragón tuvo que salir de la Provincia e iniciar su peregrinaje hasta que volviese a Mondragón, cuando los franceses habían iniciado ya su retirada. Conocida la firma del Tratado de Paz que ponía fin a la guerra, comenzó una actividad frenética por parte de los miembros que componían la Diputación colaboracionista de San Sebastián. El 10 de agosto convocaron Junta General en la villa de Cestona a celebrar el 18 de agosto. Ante esta insólita convocatoria y la Diputación de Mondragón aun en Bribiesca en el exilio, se produjo una gran reacción que provocó el desistimiento de Romero y los suyos de llevar a cabo la mencionada Junta en Cestona. Realizada la convocatoria de la Junta General de Cestona, con la autorización del Rey y con la presencia de su delegado D. Miguel de Mendinueta, comenzaron las sesiones el 28 de noviembre y finalizaron el 8 de diciembre de 1795. Fue presidida por el delegado regio, que alabó los sacrificios de la Provincia, manifestó que su honor había sido denigrado y que el Rey lo restituiría. Por último, pidió un esfuerzo para que hubiese concordia en la misma. A continuación, la Junta revisó lo actuado por la Diputación de Mondragón, desde su constitución hasta la fecha de celebración de la Junta que se celebraba, siendo aprobado en su totalidad, señalando alguna reserva en lo referente al servicio de armas por no ser conformes a fuero, pero fueron los más útiles al Rey. Con respecto a lo actuado por la Diputación de Guetaria desde mediados de agosto de 1794 a mediados de agosto del año siguiente, la Junta lo desaprobó. También desaprobó lo acordado en la Junta Particular de 14 de agosto de 1794 y solicitaba al Rey se formasen procesos para el castigo a los culpables. Los procuradores de San Sebastián indicaron que el “acta de la Junta de Autoridades de San Sebastián de 10 de mayo” no se ajustaba a la verdad. También se trataba en la mencionada Junta de lo deterioradas que se encontraban las cuentas de la Provincia a causa de la guerra. Se da un repaso de agradecimientos a personas y entes que habían ayudado a la Provincia y no se accedió a leer un escrito que mandaba Romero a la Junta, en el que señalaba que lejos de merecer una reprobación a su quehacer, merecía un agradecimiento por haber evitado su destrucción. Con la Junta General celebrada en la villa de Segura, entre el 2 y 12 de julio de 1796, se recobró la normalidad institucional al celebrarse en las fechas indicadas en el fuero. Se acometieron acciones tendentes a mejorar el desarrollo económico de la Provincia, y se instó a la comisión encargada para que elaborase el memorando de desagravio de la Provincia para enviárselo al Rey. También se trataron asuntos referentes a los gastos originadas por la guerra y se pidió al Rey que acelerase la conclusión del Consejo de Guerra que se sustanciaba en Pamplona contra vecinos de San Sebastián. La real orden desagraviando a la Provincia de Guipúzcoa no llegó nunca, aunque el Rey se comprometiera a restituir el honor de los guipuzcoanos. Volviendo a los prolegómenos de la contienda, cuando pueblos y Provincia tuvieron que prepararse para la guerra, ambas administraciones estaban sin fondos y endeudadas, ya que hubieron de hacer frente a importantísimas inversiones en caminos, cuya financiación les hipotecó para mucho tiempo. Guipúzcoa era una de las provincias mal llamadas exentas. En su caso contribuía al reino mediante un “cupo” negociado que englobaba la aportación de varios tributos. A cambio de esta particularidad la Provincia asumía otras cargas, como era la defensa de su frontera. Los municipios eran una comunidad soberana que tenía que proporcionar medios de subsistencia a sus vecinos, estableciendo su propio sistema recaudador y aportando a la Provincia lo acordado en las Juntas, para que la Diputación pudiera prestar los servicios estipulados. Con el paso del tiempo se fue incrementando la acción común. El mayor peso de los gastos ocasionados por la guerra lo tuvieron que soportar los pueblos, que por fuero tenían que armar, equipar y sostener a sus naturales armados. Esto no fue de forma absoluta, ya que ante la imposibilidad de que los pueblos armasen a sus naturales, hubieron de recurrir a la Provincia, y esta a su vez al Capitán General. Como ya hemos señalado anteriormente, esta cadena de provisión de armamento y munición falló y los naturales, en buen número, se tuvieron que ir a sus casas por falta de equipamiento militar. Para hacer frente a los gastos que la guerra ocasionaría a la Provincia, en la Junta Particular de Azpeitia de febrero de 1793, se acordó abrir una Caja de Guerra con una cuantía de 200.000 pesos, de los cuales la Provincia ingresaría 100.000 con cargo a sus inversiones y rendimientos. Los otros 100.000 pesos, mediante reparto fogueral entre los pueblos, debían abonar solo los intereses hasta que se decidiese su amortización. En la sesión del 15 de septiembre de 1794, la Junta General de Mondragón se acordó solicitar a los Obispos de Pamplona y Calahorra que autorizasen la entrega de la plata a la Provincia, para su posterior conversión en dinero, por carecer esta de medios económicos para soportar los gastos de la guerra. Los Obispos accedieron, pero con reintegro. La Provincia transformó en moneda la plata por la que obtuvo 1.400.000 rsv. (y cuyo peso estimado sería de 5.000 Kg.), de los cuales reintegró, a partir de 1866 una cantidad de 796.898,94 rsv. Por su parte hemos sabido que, en los tres primeros meses de la invasión, los franceses confiscaron y enviaron a París unos 3.600 Kg. de plata (cifra inferior a la realmente confiscada). Como la Provincia no recaudaba nada de los pueblos, y todos los medios económicos se los habían quedado en la Diputación colaboracionista de Romero, la Junta de Mondragón acordó solicitar donativos a los guipuzcoanos que se habían expatriado. Por este medio también se obtuvieron recursos. Los donativos de guipuzcoanos y órdenes religiosas también fueron ofrecidos antes de la invasión. Destacable fue que ya en la Junta Particular de Azpeitia de febrero, el Marqués de Narros ofreció a la Provincia un donativo de 10.000 pesos. Guipúzcoa tenía importantes inversiones en la Real Compañía de Filipinas, por lo que otro recurso del que disponía la Diputación de Mondragón eran los dividendos de dicha inversión y el capital de la misma. Así lo materializó, no sin gran retraso por carecer de la documentación precisa por estar en la Diputación de Guetaria. Por último, señalar que la Provincia disponía de solvencia crediticia antes de la invasión, pero dicho crédito se perdió durante la guerra, por la inseguridad que ofrecía la situación. La Guerra de la Convención a nivel europeo generó una alianza común de todos contra la Francia revolucionaria, pero resultó ser una coalición con intereses contrapuestos dominada por Inglaterra. España firmó su adhesión a la colación europea en febrero de 1793. El 1 de febrero declaró Francia la guerra a Inglaterra, lo que una vez que también se la declaró a España, ambos países ya tenían un enemigo común por lo que firmaron el Tratado de Aranjuez el 25 de mayo de 1793 de colaboración y ayuda mutua. Fruto de ese Tratado fue que ambos países atendieron el llamado de las autoridades de Tolón y destruyeron la Armada francesa, de una forma no deseada por España. También la Armada inglesa ayudó a los españoles en defensa de la bahía de Rosas y en el bloqueo en el mar Cantábrico impidiendo el aprovisionamiento del ejército francés del Pirineo Occidental, por vía marítima. Una vez regularizada la relación con ingleses y la Gran Coalición, los Reinos de Portugal y España firmaron la Convención Provisional entre Sus Majestades Católica y Fidelísima el 15 de julio de 1793 en Madrid, por la cual renovaron todos sus Tratados de alianza y amistad, ampliándolo en algunos aspectos. En base a la convención, Portugal puso a disposición del Rey de España una División militar compuesta por unos 5.000 hombres y una brigada de artillería con 22 cañones, que llegó al puerto de Rosas el 9 de noviembre al mando del Teniente General Joao Forbes Skellater, cuya aportación resultó muy eficaz y reconocida al finalizar la guerra. Como es natural, la Guerra de la Convención generó un buen número de exiliados franceses que se dirigieron a los países vecinos. En lo que se refiere a España, estos eran provenientes de las clases nobles y pudientes, además de los clérigos y religiosos, incluyendo Obispos y también militares de distinta graduación que querían luchar por su Rey y su Dios. El Ejército español canalizó este activo, y formó la muy reconocida “Legión Real de los Pirineos” al mando del Marqués de Saint-Simón, que era francés de nacimiento y también Grande de España de primera clase (héroe del Ejército español en Virginia y en el sitio de Yorktanw). Legión compuesta por 1.600 hombres que lucharon con heroísmo y valentía, fundamentalmente en el Pirineo Occidental. Los otros dos cuerpos que se formaron fueron incorporados al Ejército catalán, con la denominación “Batallón de Vallespir” y el otro cuyo nombre era “Legión de la Reina” e igualmente lucharon con honor. Resaltar que, de conformidad con el Tratado de Aranjuez, el Rey Carlos IV envió una escuadra a liberar alguna de las islas del Rey de Cerdeña ocupadas por los franceses, y las liberó el 22 de mayo de 1793 entregándoselas a su Rey. La sociedad guipuzcoana de la época era profundamente católica, no había rincón sin iglesia, los pueblos aun siendo pequeños disponían cuanto menos de una. En los campos llenos de caseríos diseminados, cuando había tres caseríos juntos ya tenían su propia iglesia, a eso habría que sumar los más de 40 conventos existentes en la Provincia. El 1,25% de la población estaba dedicada al culto. Las instituciones religiosas eran el poder más importante de la Provincia y estaban presente en todos los rincones de la misma, no solo tenían la capacidad de influir en la conciencia de las personas, sino que también contaban con un gran poder económico. Los invasores no respetaron la religión y lo que representaba en esa tierra, se apoderaron de sus riquezas, asesinaron a curas, frailes y monjas, profanaron iglesias y edificios (destinándolos a usos indecorosos), y provocaron la huida de los servidores a la religión para no caer en sus manos. Este comportamiento del Ejército francés trajo consigo tres consecuencias: La primera fue que la población se puso en su contra (salvo una exigua minoría), la segunda que, al apoderarse los franceses de las riquezas de las iglesias y edificios relacionados, para salvar estas, se mandó retirarlas y ponerlas a buen recaudo fuera de la Provincia y la tercera y última fue que esos bienes de las iglesias se utilizasen para financiar a la Provincia los gastos de la guerra (1.400.000 rsv.). De otro modo caerían muchos en manos francesas y serían utilizados por estos para financiarse ellos mismos. Resulta interesante señalar que, una vez terminada la guerra, el 18 de octubre de 1795, la inquisición de Logroño emitió una circular al Obispo de Pamplona, mediante la cual se indicaba que las personas que hubieran actuado contra la religión quedarían perdonadas mediante la confesión, y comunicación de su confesor al Santo Oficio y mantendrían su honor y el de sus familias, lo que sin duda influyó para que las justicias no instasen procedimientos por infidencia. Consecuencia lógica de las persecuciones a la iglesia católica en Francia, es que a partir de 1792 se produjo un éxodo hacia España y otros países, de curas y religiosos franceses que fueron bien recibidos, saturando la capacidad de la hospitalidad guipuzcoana. Además, originando algunos problemas en cuanto que algunos clérigos franceses, nobles y de alta dignidad eclesiástica pretendían el trato personal recibido en su país. Por parte de los curas y frailes guipuzcoanos, estuvieron, mayoritariamente a disposición de la Provincia para contribuir a la expulsión de los franceses. No hay que olvidar que hubo muy pocos que, incomprensiblemente, colaboraron con los franceses de forma muy notable. Los acontecimientos en la guerra se sucedieron de forma vertiginosa y los hechos vinieron a confirmar que el viejo y sabio de Aranda tenía razón, respecto a que consideraba que no había que entrar en guerra contra la Francia republicana, a pesar de sus extravagancias, y mantener una neutralidad activa y que, una vez metidos en guerra, era mejor negociar la paz antes que otros. Lo que para Godoy y sus afines era una aberración en 1793 y 1794, pero era una magnífica oportunidad en 1795. Una vez que Godoy se dio cuenta a finales de 1793 de que la victoria no era posible, comenzó un proceso de descomposición y desconfianza en la victoria. El objetivo pasó a ser el de dejar a salvo el honor de las armas y la firma de una paz honrosa. Se aceleró la búsqueda de la paz, a la vista de los malos resultados en los frentes de batalla habidos en ambos extremos de los Pirineos, por lo que se focalizó la consecución de una paz desde finales de 1794, paz que también deseaban las otras naciones europeas. El Rey ya no planteaba objeciones para negociar, y Godoy había renunciado a reinstaurar a los Borbones en Francia, por lo que se dieron las condiciones necesarias ya que, para los franceses, que por otra parte ya estaban negociando la paz con otros, el acuerdo con España era prioritario. La paz fue firmada en la ciudad suiza de Basilea, el 22 de julio de 1795, por los plenipotenciarios de España D. Domingo Iriarte y de Francia D. François Barthelemy. Se ratificó por la Convención Nacional el 1 de agosto y por el Rey de España el 4 de agosto de 1795. No hubo un único proceso de negociación si no que hubo cinco intentos de llegar a un acuerdo y se utilizaron los más dispares medios hasta conseguir el objetivo El Tratado se firmó el 22 de julio de 1795 y fue ratificado por la Convención el 1 de agosto y por Carlos IV el 4 de agosto. Constaba de 17 artículos y tres más secretos que no aparecían en la publicación correspondiente. Recogió que habría paz entre las partes, cese de hostilidades, restitución del suelo ocupado a la otra parte en 15 días, nombramiento de comisarios para delimitar la frontera, entrega de la parte de la isla de Santo Domingo española a Francia, reintegro de bienes confiscados, establecimiento de relaciones comerciales y repatriación de prisioneros. Además, en los tres artículos secretos se dispuso que Francia podría extraer durante cinco años un determinado número de animales de caza allí especificados, la entrega de la hija de Luis XVI y lo referente a los Estados del Papa. Una vez firmado el Tratado, el 8 de septiembre de 1795 D. Francisco Bartolemy, negociador francés, quiso introducir un artículo adicional nuevo, que amnistiase a todos los vascos que colaboraron con el Ejército francés. Sin embargo, puso fin a la pretensión francesa una carta del Príncipe de la Paz, por la que, negándose a insertar en el tratado artículo ninguno sobre los vascongados, prometía que el Gobierno del Rey no perseguiría a nadie por hechos políticos, ni por opiniones manifestadas en los años anteriores. La firma del Tratado de Paz tuvo consecuencias importantes en España, tanto en el plano interno como en el externo, con firma del Tratado de San Ildefonso, el 18 de agosto de 1796, España quedó convertida en un satélite de Francia y fuera del concierto internacional por más de un siglo. Los monárquicos franceses esperaban que el Rey de España fuese su libertador, para los españoles y monárquicos europeos, era una guerra por su religión que era la esencia de su existir, el Ejército español constituía, de algún modo, el brazo armado de la Divina Providencia. Una vez concluida la guerra llegó la hora de exigir responsabilidades a todos aquellos que habían cometido delitos de infidencia contra el Rey, la Patria y la religión. En este ámbito, el espectro de responsables abarcaría a los miembros del gobierno del reino y sus asesores, estamento militar superior, responsables públicos civiles y particulares que colaboraron con los franceses. Hemos analizado la guerra desde un punto de vista general, tanto político como militar, para después profundizar en lo sucedido en Guipúzcoa. A la vista de la abundante documentación analizada, tenemos la convicción de que los máximos responsables, de no haber conseguido ninguno de los objetivos por los que el reino entró en guerra, serían el Rey con su Gobierno y asesores, excepto aquellos manifestaron las limitaciones que había para concluir la aventura con éxito. No tenemos constancia de que el Rey tomase medidas contra ninguno de los responsables, excepto las que tomó contra Aranda por predecir lo que sucedió. El Ejército estaba para ejecutar las órdenes del Rey, pero las órdenes debían ser proporcionales a sus medios. Desde que se declaró la guerra los Capitanes Generales Caro y Ricardos, solicitaron reiteradamente al Gobierno muchos más medios, para poder hacer frente al cada vez más poderoso Ejército francés. Ricardos murió en Madrid el 13 se marzo de 1794 cuando fue a exigir más medios, habiendo jurado a Godoy que él no dirigiría a su Ejército en la campaña de 1794 por falta de medios. Por su parte Caro dimitió en junio de ese año en Madrid por no ser atendida su petición de que se incrementase su Ejército en 30.000 hombres para poder hacer frente a la más que previsible invasión francesa por el Baztán. Caro contó con el apoyo explícito de su Consejo de Generales, excepto del General Urrutia, que fue premiado con la Capitanía General de Cataluña más tarde. Con independencia de lo señalado, hubo acciones contra determinados cargos en el Ejército, así como diversos Consejos de Guerra tanto por actuaciones en los Pirineos Occidentales como Orientales, pero en la mayoría de los casos quedó sin castigo. Sin embargo, lo más relevante fue el Consejo de Guerra contra los cargos públicos civiles, oficiales del Ejército y oficiales de las compañías de naturales, por la entrega de San Sebastián y Fuenterrabía, aunque lo referente a esta última ciudad fuese sobreseído por orden del Rey. En lo referente al Consejo de Guerra continuó con lentitud y finalmente emitieron una sentencia cuyo fallo condenó duramente a buena parte de los imputados civiles y militares, no pudiendo entrar el Consejo de Guerra a valorar las conductas y hechos de Romero y Aldamar por tenerlo prohibido. Aunque así lo manifestaron en la sentencia, añadiendo que en ambos había conductas punibles. Remarcar únicamente que la dureza de la pena a los imputados en este Consejo de Guerra, cuyo delito fue el no enfrentarse a un enemigo al que el Ejército no fue capaz de frenar en una frontera inexpugnable, y ellos, pocos, en una fortaleza cuasi desarmada pretendían que hicieran una defensa numantina que solo acarrearía la muerte y destrucción en la ciudad. El Consejo Supremo, en su revisión de la sentencia emitida por el Consejo de Guerra, manifestó que no había encontrado en el proceso ni una sola prueba que pusiese en duda la “acrisolada lealtad de la ciudad y que los hechos obedecieron al descuido e inercia de los que debieron haber sostenido e inspirado el glorioso entusiasmo, que hubiera hecho triunfar. No como aconteció, al estimar que todo esfuerzo era baldío a la vista de las victorias del enemigo, y el mal menor era entregarse”. El Consejo Supremo igualmente estimó que, “siendo un hecho criminal frente al que la justicia real no debía quedar impune, su innata real clemencia atemperase sabiamente las penas. También señaló el Consejo que era conforme a la justicia real el que se declarase y mandase publicar en la Gazeta que, ni el Ayuntamiento de San Sebastián en cuerpo ni alguno de sus miembros en particular, faltaron en manera alguna a su antigua lealtad y fidelidad”. Pero el Rey no tuvo en cuenta estas recomendaciones y no solo no redujo las penas con carácter general, sino que las incrementó. El hecho fue que quizá se les juzgó, más que por la entrega de la ciudad, por haber nutrido está el núcleo duro de los colaboradores con el Ejército francés. También se inició un Consejo de Guerra contra el Teniente General D. José Simón Crespo en Burgos a primeros de agosto de 1795 (él falleció el 6 de muerte natural). Fue Jefe del Ejército en Guipúzcoa desde abril de 1795, y cuya jefatura se distinguió más que por sus enfrentamientos militares, por sus retiradas y huidas. Algunos lo alababan por distraer a un Ejército francés muy superior impidiéndole avanzar más rápido. En el ámbito civil, y en lo que a Guipúzcoa se refiere, hubo acciones y comportamientos de miembros de instituciones que actuaron al margen de sus atribuciones y pactaron y colaboraron con el invasor, coaccionando y amenazando a los guipuzcoanos desde sus cargos. También hubo civiles que colaboraron con los franceses infringiendo el orden jurídico establecido. Al finalizar la guerra se iniciaron acciones preliminares para encausar a estas personas en el ámbito penal, tanto la Provincia como los pueblos, pero sorpresivamente el delegado del Rey en la Provincia, D. Miguel Mendinueta, recibió una orden verbal de que no continuase con la preparación de las pruebas, y así lo hizo. Tanto en la Junta General celebrada en la villa de Cestona como en la siguiente Junta General celebrada en la villa de Segura en julio de 1996, solicitaron e insistieron en el permiso real para encausar a Romero y Aldamar, pero dicha autorización no llegó nunca. En la reunión de la Diputación del 30 de abril de 1796, se pidió al Rey que se iniciase el juicio para castigar a los desleales de la guerra y que se hiciese en San Sebastián. Tolosa inició un procedimiento contra los infidentes de su municipio, siendo reprendida por la Junta General por no haber solicitado el plácet, y continuado el procedimiento fue asumido por la Real Chancillería de Valladolid. Finalmente exoneró de responsabilidad a los imputados presentes en el procedimiento, y condenó a resarcir los daños causados a los demandados por el tiempo que estuvieron en prisión preventiva y en la gran parte de las costas, a los demandantes civiles de Tolosa y una pequeña parte de las costas a los imputados que huyeron a Francia y condenados, todo ello bajo presión francesa. Con el fin de proporcionar un poco de coherencia para esclarecer lo indicado hasta ahora, hay que traer a colación que finalizadas ya las negociaciones en Basilea y firmado y ratificado el Tratado de Paz, el 8 de septiembre el negociador francés, François Barthelemy, solicitó al negociador español, Domingo Iriarte, la inclusión de un nuevo artículo en el Tratado mediante el cual se amnistiase a los vascos que colaboraron con el Ejército francés. Después de varios intentos lo solucionaron mediante un compromiso de Godoy enviado en una carta, aunque se resistió durante tres años a materializarlo después de una eficaz presión francesa sobre el Rey. Por su parte Romero y Aldamar a su vuelta con la documentación en regla que les había entregado el Embajador de España en París, y ante las dificultades que tenían para justificar su vuelta y quedar inmaculados ante la justicia, inició Aldamar una reclamación derivada de unos rendimientos no abonados y consiguieron obtener una sentencia judicial, que les reconocía su inmunidad por los hechos acaecidos en la guerra y plenitud de derechos. La simbiosis existente entre el Ejército francés de los Pirineos Occidentales, que habían centrado su actividad en Guipúzcoa y desde allí en 1795, y los autóctonos que colaboraban con ellos, en buena parte pertenecientes a la Diputación de San Sebastián (o Guetaria) con su Diputado General a la cabeza, se vio truncada con la firma del Tratado de Paz el 22 de julio en la ciudad suiza de Basilea. Tanto el Ejército francés como los guipuzcoanos colaboradores, tenían confianza en que, si había paz entre España y Francia, se reconocería el gran servicio prestado al éxito francés, por los guipuzcoanos afines. Incluso a sugerencia del negociador español en Bayona, se aceptó amnistiar a los colaboradores vascos del Ejército francés. La realidad fue que se firmó el Tratado en Basilea el 22 de julio y en Bayona se siguió negociando hasta el 30 de julio, hasta que hubo noticias que confirmaron el acuerdo. Esto sorprendió tanto a los Generales como a los Representantes del Pueblo, también a los propios colaboradores vascos, que, ante el avance acelerado del Ejército francés, pensarían que su decisión de abrazar la Revolución tendría sus buenos dividendos. Sin embargo, y de ahí la frustración por acuerdo, los franceses volvían a las fronteras anteriores a la guerra y no se recogía en el Tratado ni una sola palabra de reconocimiento y protección hacia los pocos, pero eficaces, colaboradores guipuzcoanos, que habían salvado al Ejército francés de morir de hambre y en la epidemia que los asoló. A la vista de la información recibida, tanto el Representante del Pueblo Meillan como el General en Jefe Moncey, enviaron sendos escritos al Comité de Salvación Pública, manifestando su alegría por la paz. Pero su pesar por no haber protegido a los guipuzcoanos que tantos y buenos servicios habían realizado a favor de la República. A la vista de los numerosos escritos presentados al Comité de Salvación Pública y lo fundados que estaban, y una vez que la mayoría de los guipuzcoanos afines se fueron al exilio a Bayona a primeros de septiembre, se produjeron cuatro movimientos. Por el lado francés: 1º.- Al ser el Tratado un texto genérico, a la hora de concretarlo se tuviera en cuenta a los guipuzcoanos y se les protegiera de forma segura, pero esa opción se desechó por no ser posible. 2º.- Indemnizar y dar la nacionalidad francesa a las 16 guipuzcoanas afines. 3º.- Que se incluyera un artículo nuevo en el Tratado, que amnistiase a los guipuzcoanos y les repusiera en sus bienes y derechos, pero esto era imposible al negarse el Gobierno español, a pesar de haberlo aceptado en las negociaciones de Bayona. 4º.- Godoy accedió a no perseguir a los guipuzcoanos que colaboraron con los franceses y a respetar sus bienes mediante una carta entregada al negociador español en Basilea y, así se quedaron conformes. Pero Godoy se resistió a cumplir hasta que el Gobierno francés presionó a Carlos IV, y el embajador de España en París otorgó pasaporte y documentación a los exiliados tres años después. Por otra parte, el Corregidor de Guipúzcoa también recibió la documentación del Rey. En la abundante documentación generada, al objeto de que los guipuzcoanos que colaboraron con los franceses fueran amnistiados por el Rey, o indemnizados por los franceses, se puso de manifiesto lo esencial que resultó ser la ayuda de este puñado de guipuzcoanos para el éxito de la Armada francesa en los Pirineos Occidentales. También resulta llamativo como se emplearon Generales y Representantes del Pueblo francés, para no dejar abandonados a sus servidores, insistiendo ante el Comité de Salvación Pública hasta conseguir el perdón real, tres años después de terminada la guerra. Hasta ahora hemos analizado la guerra y sus consecuencias poniendo el “periscopio” en este lado de los Pirineos Occidentales principalmente, pero a continuación nos vamos a atrever a ver la guerra con los ojos de los Representantes del Pueblo ante el Ejército francés de los Pirineos Occidentales. Como sabemos, los Representante del Pueblo eran una especie de plenipotenciarios del Comité de Salvación Pública, que acompañaban a los Ejércitos franceses, cuyo poder excedía a los propios Generales en Jefes, cuidando de que no se desviasen del camino marcado por la Convención Nacional a través del Comité de Salvación Pública. Ordenando las misiones a realizar, a la vez que se ocupaban de otras muchas tareas, tales como la negociación con la Diputación de San Sebastián sobre el alto el fuego y demás pactos. Eran el poder político y tenían que informar al Comité de Salvación Pública de sus actuaciones, recibiendo instrucciones del mismo. Los Representantes del Pueblo, que eran tres, fueron removidos en varias ocasiones en los dos años y medio que duró la guerra. Los primeros eran crueles, pero con el tiempo fueron cambiando y los hubo también, con buen talante y buen hacer, según la cambiante línea política de París. Desde ahora hay que resaltar que todos ellos, excepto Pinet y Cavaignac, se esforzaron en defender el cumplimiento de las promesas que hicieron a los colaboracionistas guipuzcoanos, lo que les honró. Los Representantes del Pueblo en los Pirineos Occidentales, Cavaignac y Pinet fueron cesados por su crueldad con el país ocupado, el General en Jefe del Ejército francés Muller, pidió su jubilación, al no estar conforme con la crueldad de los Representantes, siendo sustituido por el General Moncey. Este, fue uno de los tres que mandó las tropas en la invasión y tomó Pasajes y San Sebastián. Moncey, gran militar, decía que la forma de hacer la guerra de los franceses se basaba en la “insistencia y valor”. También apoyó con todas sus fuerzas a los colaboracionistas guipuzcoanos, manteniéndose al mando del Ejército hasta después de la firma del Tratado de Paz y la retirada del Ejército francés. Producida la invasión, una de los principales objetivos de los Representantes del Pueblo fue organizar el operativo necesario para confiscar provisiones de todo tipo. Se incluían víveres (grandes almacenes llenos), armas (el botín fue enorme, 500 cañones, 8.000 fusiles, 3 barcos de pesca, otros tres más pequeños, una cañonera) municiones y riquezas (cerca de 4.000 kg. de plata) para enviarlas, en este caso, a Bayona o a París, dada la escasez de medios del Gobierno francés. Un problema añadido en Guipúzcoa fue que cada Ejército francés debía ser autosuficiente en su provisión alimentaria, y en esta Provincia no había alimento suficiente ni para los propios habitantes, con lo que se produjo un gran problema alimentario tanto de personas como de animales en el Ejército invasor. A la vista del éxito de la invasión, el Comité de Salvación Pública, ordenó al Ejército el 8 de agosto, que, aprovechando el desconcierto del español, diese prioridad al asalto a Pamplona, arrasase las fortificaciones de Fuenterrabía y Pamplona y mejorara la de San Sebastián y destruyera las fábricas de armas. El gran problema del Ejército francés no resuelto nunca en esta guerra fue la falta de provisiones a su Ejército, tanto alimentarias como de ropa y de todo orden. Por ello, los Representantes del Pueblo se dirigieron en noviembre de 1794 al Comité de Salvación Pública, solicitando alimentos y ropa para pasar el invierno, y comunicar que los Generales no eran partidarios, por las condiciones en que estaban, de tratar de ocupar la fortaleza de Pamplona y en su lugar, decían, dedicar los esfuerzos hacia Vizcaya que tenía provisiones. Por su parte, los Representantes informaron de que eran de la opinión de ocupar Pamplona ya que su Ejército estaba asustado y si no se hacía se reforzaría en el invierno, siendo una decisión que desmotivaría al victorioso Ejército francés. La epidemia ya había hecho aparición, por lo que el Comité de Salvación Pública, el 20 de noviembre de 1794 comunicó a los Representantes, que el Ejército se retirara a pasar el invierno y diera prioridad a la ocupación de Vizcaya y su puerto marítimo. A finales de noviembre ya salió el primer “bulo” de una posible negociación con España, aunque lo desmintiera el Comité. Ya el 5 de diciembre se pusieron en marcha tres columnas de soldados franceses, con la pretensión de asestar un duro golpe al Jefe del Ejército en Guipúzcoa, Marqués de Rubí. Casi lo consiguen en Vergara, al tener que huir con lo puesto y refugiarse en la localidad de Ullibarri Gamboa ya en Álava, dando Guipúzcoa por perdida, y recuperada por poco más de 1.000 milicianos de las tres Provincias Vascas, unos días después. Pasado el invierno, ya en marzo, en Francia había opiniones discrepantes de cómo enfocar la guerra con España. Un Representante del Pueblo en los Pirineos Orientales planteó al Comité de Salvación, que el Ejército de los Pirineos Occidentales pasase a una posición defensiva y se olvidase de Pamplona y Vizcaya y transfiriera a los Pirineos Orientales 10 o 12.000 soldados, ya que Cataluña era más rica que Vizcaya y Navarra juntas. En abril se fueron resolviendo algunos de los graves problemas de abastecimiento y se iba superando la epidemia que afectó a 30.000 soldados franceses, incluidos dos Representantes del Pueblo y al Propio Moncey, de los cuales llegaron a fallecer la mitad dejando al Ejército francés, en ocasiones con solo 12.000 soldados operativos. En aquellos momentos tan difíciles es cuando el Ejército francés echó mano de los guipuzcoanos, que sin duda evitaron el desastre en el mismo. En junio de 1795 el Ejército francés ya había recobrado sus fuerzas, y desde el Comité de Salvación Pública se dio la orden de preparar el ataque a Pamplona, pero faltaban provisiones y medios de transporte. A finales del mismo mes el Representante del Pueblo Meillan informó al Comité de Salvación Pública que Moncey preparaba una gran operación, y que no pensaba parar ante el inicio de las negociaciones de paz. Además, no parando su paseo militar hasta conocer la firma de Tratado de Paz y habiendo ocupado la parte que quedaba de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y parte de Burgos. Francia era un país grande, rico, poblado y poderoso, pero estaba rodeado de enemigos y debía mantener 15 Ejércitos que sumaban un total de 752.000 soldados, estando toda la población del país orientada a la guerra, de forma directa o indirecta, (era una cuestión de pura supervivencia como nación). En esas condiciones, si la producción del país se orientó a la guerra necesariamente, se redujo la producción de alimentos y el resto de productos necesarios. Pero aún sin tener esas consideraciones, si el campo nutría al Ejército de hombres, este quedaba sin fuerza para trabajar y producir alimentos, que en parte se perdían si eran perecederos. Aunque la máquina de guerra francesa en los Pirineos, desde finales de 1793, era más potente que la española, estaba peor aprovisionada. Con carácter general el Comité de Salvación Pública determinó que cada Ejército de los 15 que tenía, debían ser autosuficientes, de ahí que los Ejércitos realizasen acciones de guerra, con el fin exclusivo de apoderarse de cosechas o ganado para su propia provisión, como lo hicieron en Navarra, Álava, Vizcaya y Cataluña. Pero la realidad era que necesitaban el aprovisionamiento desde Francia de alimento, ropa, medicinas…etc. pero sobre todo armas y munición. Nada más producirse la invasión el 8 de agosto, el Comité de Salvación Pública emitió una orden para que el Ejército francés en el país conquistado confiscase bienes de todo tipo, armas, municiones, alimentos, ganado y cosas de valor y lo trasladase a Bayona. El Ejército francés en los Pirineos Occidentales, siempre tuvo problemas de abastecimiento, incluso antes de la invasión. Estos problemas se incrementaron al pasar la frontera y al tener a 52.000 soldados y 10.000 mulas y caballos que alimentar fuera de su país y aposentarse, además, en un país pobre. En los días previos a la invasión, los Generales franceses preveían abastecerse de Francia, fundamentalmente por vía marítima, desde Burdeos al puerto de Pasajes, pero sobrevaloraron la capacidad de la disminuida Armada francesa y menospreciaron a la Armada española, reforzada eficazmente por inglesa, que impidieron el suministro por este medio. Al Ejército francés no le quedó otra alternativa que realizar los transportes por vía terrestre desde Bayona, pero tenían un gran problema de falta de mulas y caballos, por las necesidades tan grandes que tenían sus 15 Ejércitos. Pero a los franceses se les agravó aún más la situación, ya que durante el invierno 1794-1795 sufrieron la epidemia y peste equina. De ahí la importancia que tuvo la labor de Romero y otros miembros de la Diputación, ordenando y amenazando a los guipuzcoanos con yuntas de bueyes o vacas, para que prestasen servicios al Ejército francés (esto explica el gran reconocimiento a la labor de los colaboracionistas guipuzcoanos, realizado por los Generales franceses y los Representantes del Pueblo que manifestaron por escrito al Comité de Salvación Pública que sin ese servicio se hubieran tenido que retirar). Otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la guerra en los Pirineos Occidentales es la incidencia de la epidemia en las personas y sus consecuencias. En el comienzo del invierno 1794- 1795, en noviembre ya se hacía notar la epidemia en las filas del Ejército francés, aunque también la hubo en menor medida en la población civil y en el Ejército español. El Ejército francés era el invasor, era más numeroso y estaba peor acondicionado, y la precariedad de medidas higiénicas multiplicó sus efectos. Según los informes de los propios Representantes del Pueblo, en los Pirineos Occidentales, la epidemia dejó al Ejército francés durante buena parte del invierno con 12.000 hombres, mal alimentados y con poco abrigo (enfermaron también dos Representantes del Pueblo y el propio General Moncey). Resaltar nuevamente, que los colaboradores guipuzcoanos también en el caso de la hambruna del Ejército francés, estuvieron a la altura de las exigencias francesas, proporcionando cuantos medios alimentarios y de abrigo pudieron, y así lo reconocieron los Generales. La situación sanitaria llegó a ser tan grave que los franceses tenían activos 52 hospitales, tuvo que intervenir el propio Comité de Salvación Pública que destituyó al equipo médico haciéndose cargo el mayor experto francés, que enderezó la situación. En junio de 1795 ya solo había 4.000 soldados en los hospitales, por lo que se ordenó cerrar la mitad de ellos. Yéndonos a otro terreno, hay un documento dirigido al Comité de Salvación Pública en París, referente a Guipúzcoa que lo envió el 25 de agosto el Representante del Pueblo Pinet, justificando el apresamiento de los procuradores de la Junta Particular de Guetaria. Se entendía que se les estaba engañando y había rumores de que se acercaba un General español con un Ejército de 40.000 hombres. Decía que Guipúzcoa era rica y que debía pertenecer a la República toda ella, o por lo menos la franja costera desde Guetaria a la frontera. También señalaba que los próximos objetivos serían Pamplona y Vizcaya (ya daban Guipúzcoa por conquistada). Otro de los hechos más llamativos de los franceses en Guipúzcoa fue la orden de los Representantes del Pueblo (Pinet y Cavaignac) de apresar a curas, religiosos y religiosas de 10 de septiembre de 1794, basado en informaciones que les imputaron que decían que el Ejército español les liberaría, de dicho documento se dio cumplida información al Comité. Resulta llamativo que el 5 de abril uno de los Representantes del Pueblo escribiese al Comité de Salvación Pública, acompañando un informe del General Moncey, mediante el cual se defendían las ventajas de separarse de la dominación española, bajo la protección de Francia, la franja española al norte del río Ebro hasta la frontera con Francia, con lo que se transmitía la opinión de los que estaban en este lado, para los negociadores de la paz con España. Aunque no se les hizo mucho caso, como sabemos, al tener en París una visión global del conflicto. Como la situación política en París había cambiado, también se notó en la actitud de los Representantes del Pueblo y, así, el 20 de abril de 1795 el Representante Bo envió un escrito al Comité informando de la necesidad de conceder a la Provincia las instituciones históricas que poseía. Y si eso se hacía, y se les permitía el culto, no sería preciso el uso de las armas dado que la ocupación seria pacífica. A la vista de este informe se inició el proceso que culminó un mes más tarde devolviendo las instituciones a sus antiguas regidores. A la vista de la nueva situación y para que sirviera de ejemplo y así se mostrara la verdadera cara de Francia, el Representante del Pueblo Chaudron-Roussau, comunicó al Comité de Salvación Pública, que el 30 de abril había hecho arrestar a los que habían realizado saqueos derroches y otros excesos, (todos agentes del que fue Representante del Pueblo Pinet). Los envió presos a la ciudadela de Bayona. En la reunión del 29 de julio, el Comité de Salvación Pública trató los éxitos del Ejército de los Pirineos Occidentales haciéndose con Álava y Vizcaya, y la conclusión de las negociaciones de paz entre España y la República Francesa en Basilea, que se firmó el día 22 de julio de 1795, y así lo comunicó a los Representantes. El 3 de agosto a las 6 de la tarde llegó un correo a Bayona y antes de entregar la carta a los Representantes del Pueblo, comunicó a voces en la calle la buena nueva de la firma del Tratado de Paz. Los Representantes del Pueblo y el General Moncey tuvieron un papel importante en el desarrollo de las negociaciones de paz que se llevaron a cabo en Bayona, mostrando su insatisfacción con el acuerdo firmado en Basilea. Conclusiones La Guerra de la Convención fue declarada mutuamente por el Rey de España y por la República francesa. Esto es, no declararon la guerra Guipúzcoa, ni Álava, ni el Señorío de Vizcaya, ni el Reino de Navarra y menos Aragón o Cataluña, pero estos sí tuvieron que sufragar los gastos de sus milicias y soportar en su suelo las consecuencias de tener a los Ejércitos de ambos países contendientes. De la misma manera soportar los destrozos y saqueos que produjeron, además de la disminución de sus cosechas, y nadie les indemnizó por una guerra que ellos no declararon, pero a la que si debieron servir. Sin duda alguna, el territorio que más daños sufrió por la guerra fue Guipúzcoa. Guipúzcoa destinó a sus milicias y Batallones alrededor del 7% de su población, teniendo la Provincia ocupada en su mitad por el Ejército francés poco más de un año. Llegando finalmente a ocuparla en su totalidad, si bien la población, casi en su conjunto, permaneció fiel a su Rey, a su Dios y a su Patria, naturalmente también los que vivían en territorio ocupado por el invasor. La mayoría de los miembros de las Diputaciones tanto Ordinaria como Extraordinaria, y de los Diputados Generales de la Provincia, colaboraron estrechamente con los Representantes del Pueblo francés y con los Generales del Ejército invasor, prestando servicios esenciales para el buen éxito de su misión. La Junta Particular convocada para materializar el acuerdo con los franceses, requerida de forma coactiva y manteniéndose las coacciones en la misma Junta, no acordó la entrega de la Provincia a los franceses, siendo los procuradores apresados y llevados a la fortaleza de Bayona, excepto Romero y Aldamar. Durante el año que duró la invasión a Guipúzcoa, las instituciones provinciales se reconstituyeron, de conformidad a su fuero y con la venia del Rey, dando un ejemplo abnegado en la defensa de su Rey, su Dios y su Patria, flexibilizando asimismo el cumplimiento de su fuero por las muy especiales condiciones que se daban. Por el contrario, en la zona ocupada por los franceses desaparecieron las instituciones forales tanto provinciales como locales, y en su lugar se implantó un sistema servil en beneficio del invasor controlado por los Representantes del Pueblo, que hacían uso de los buenos servicios de unos pocos fieles guipuzcoanos. Unos meses antes de la firma del Tratado de Paz pretendieron reinstaurar las instituciones forales, pero con cierto control. El Ejército español no supo defender la frontera en la invasión y no defendió a la Provincia. Tampoco supo aprovechar las oportunidades que le ofrecía la extrema debilidad del Ejército francés en el invierno entre 1794 y 1795, cuando enfermaron de epidemia 2/3 del Ejército francés, murió 1/3 de ellos y se quedaron sin caballos ni mulas por una terrible peste equina. Además, se quedaron sin suministros de todo tipo, por carecer de medios de transporte terrestres y marítimos, todo ello provocando en el Ejército francés una terrible hambruna. El Ejército español en los Pirineos Occidentales, al comienzo de la guerra estaba suficientemente dimensionado, prueba de ello es que inició una guerra ofensiva cuando su misión era hacerla defensiva. Como la guerra era ofensiva, el General Caro menospreciaba, minusvaloraba y ofendía a las milicias guipuzcoanas diciendo que eran inútiles por el hecho de respetar su fuero y no traspasar la frontera. Solo unos meses después las tornas cambiaron, y requería a la Provincia que no solo aportase los tres Tercios si no que llamase a todos sus naturales de entre 17 y 60 años para impedir la invasión. La invasión se produjo, en Guipúzcoa el Ejército y los naturales abandonaron la “frontera inexpugnable” sin prácticamente defensa alguna, dejando 500 cañones y 8.000 fusiles en manos francesas, así como multitud de almacenes repletos de todo género. El Ejército español comenzó a huir y se entregaron en Fuenterrabía, Hernani, San Sebastián y Tolosa. Después llegó la estabilización del invasor, el terrible invierno y se rehízo nuevamente el Ejército francés en junio de 1795. Inició en julio su avance victorioso y cayó lo que restaba de Guipúzcoa, Álava y el Señorío de Vizcaya, todo ello sin práctica defensa del Ejército español. Una vez producida la invasión, los milicianos de Guipúzcoa en su huida abandonaron casi todas las armas, al igual que el Ejército. Por ello, para la defensa de la Provincia precisaban armas que la Provincia y los pueblos no tenían. El único que podía proveerles era el Ejército, que les entregó cantidades mínimas, con lo que los voluntarios debieron marchar a sus casas o ir al frente para tomar el arma de algún compañero fallecido o utilizar aperos de labranza contra los soldados franceses. Esto también sucedió con los milicianos alaveses y navarros, que tuvieron que optar para defender a su Patria ingresar en el Ejército español. Si a los milicianos de Guipúzcoa, Álava y Navarra, se les hubiese provisto de armamento en 1794, el resultado de la guerra hubiese sido otro. El Tratado de Paz se negoció entre los mismos que declararon la guerra y. como sabemos, hubo por lo menos cinco intentos de llegar a un acuerdo. Carlos IV no pidió la opinión de guipuzcoanos, alaveses, vizcaínos, navarros, aragoneses ni catalanes. Los franceses por su parte, tampoco pidieron la opinión ni siguieron los consejos que desde Bayona se daban. El acuerdo recoge lo que negociaron y acordaron los negociadores, siguiendo las instrucciones de París y Madrid, que luego ratificaron. Resulta muy llamativo que, en las negociaciones del Tratado de Paz no se llegase a plantear algún tipo de amnistía hacia los vascos ya que tantos y tan buenos servicios prestaron al Ejército francés, para subsistir y para ocupar las tres Provincias Vascas. Esto ratifica nuestra opinión de que el tema no se llegó ni siquiera a plantear en Basilea, aunque encontraran alguna solución después de la firma del Tratado, casi dos meses después, al aceptar Godoy otorgarles una especie de amnistía. Esta solo con presiones al máximo nivel del Gobierno francés se cumplió, pero tres años más tarde. Por último, señalar que, una vez terminada la guerra, la Diputación comenzó a preparar unos informes para imputar a los guipuzcoanos que colaboraron con los franceses, pero hubo orden de Madrid al Delegado Regio para que no continuase. Por su parte el Ejército español inició dos Consejos de Guerra. Uno en Pamplona para enjuiciar las responsabilidades de las autoridades civiles, por la entrega de la ciudad y fortaleza de Fuenterrabía al Ejército francés, que más tarde quedo sobreseído, y responsabilidades de las autoridades civiles y militares por la entrega de la ciudad y fortaleza de San Sebastián. Esto resultó ser un largo proceso con duras penas a los capitulares y concejantes de la ciudad de San Sebastián, como también a los oficiales y Gobernador de la Plaza. Asimismo, penas suaves a los mandos de las Compañías de naturales. El otro Consejo de Guerra se inició en Burgos a comienzos de agosto de 1795, contra el Teniente General D. José Simón Crespo, último Jefe del Ejército de Guipúzcoa, por no hacer frente a los franceses en su avance hacia Burgos. Sin embargo, el General Crespo murió de muerte natural nada más comenzar el proceso. La Junta de Cestona pidió autorización al Rey para proceder contra los que colaboraron con los franceses, pero la autorización nunca llegó. Notorias son las acciones judiciales iniciadas por el Ayuntamiento y vecinos de la villa de Tolosa contra aquellos de sus vecinos que cometieron el delito de infidencia contra el Rey, Dios y la Patria. Después de varios años de procedimiento y la asunción del mismo por la Real Chancillería de Valladolid, concluyó exonerando de responsabilidad a los infidentes que no habían huido a Francia, condenando a los querellantes al pago de parte de las costas e indemnización por los daños causados a los querellados. También condenando a prisión y el resto de las costas a los querellados que no se presentaron. Todo ello bajo la más alta presión del gobierno francés. Una vez legalizada la situación de Romero y Aldamar, estos asumieron su condición. Cuando se produjo la nueva invasión de 1808, a Romero le ofrecieron nuevamente colaborar con los franceses, pero al negarse a ello, obtuvo algún perjuicio. Posteriormente, participó en la vida política, llegando a ser Diputado en las Cortes Generales. Aldamar sí que colaboró con los franceses que vinieron de la mano de Napoleón, obteniendo algún cargo. Consideramos, así pues, que Guipúzcoa defendió a su Rey, a su Dios y a sus fueros hasta la extenuación y con pocos medios. La Diputación de Guetaria se atribuyó competencias que no tenía y negoció con los franceses, pero que la Junta Particular no capituló, por lo que en la zona no ocupada renacieron las instituciones provinciales. Y que el Rey defendió mal a la Provincia y perdonó a los infidentes que apoyaron a los franceses, pero no así a los donostiarras que se rindieron para no ser destruidos.