La reparación del abuso cometido en materia de contratación del personal laboral en el sector público

  1. Miren Edurne Terradillos Ormaechea
Revue:
Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

ISSN: 2173-6405

Année de publication: 2024

Volumen: 26

Pages: 26-45

Type: Article

DOI: 10.47623/IVAP-RVGP.24.2023.01 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccès ouvert editor

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Résumé

El trabajo pretende ofrecer una propuesta jurídica que ponga término a la confrontación sostenida en el tiempo entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la ley y la jurisprudencia españolas en torno a la existencia de medidas jurídicas, eficaces, disuasorias y proporcionales de prevención y sanción del abuso en la contratación de personal laboral por duración determinada en las Administraciones Públicas (AAPP), en consonancia con lo previsto en el Acuerdo Marco europeo sobre trabajo de duración determinada. El estudio, que también se detiene en el personal funcionarial, concluye que el problema fundamental reside en el incumplimiento reiterado de la legislación por parte de las AAPP, actuación visada por los jueces; y, por ende, en la verificación de que no existían medidas legislativas efectivas y disuasorias que evitaran los abusos en la contratación./ Asimismo, se sostiene que el TJUE ha mostrado una manifiesta preferencia hacia la transformación del personal laboral que ha padecido ese abuso, en indefinido fijo. Sin embargo, se constata que la Ley 20/2021 ha facilitado la estabilización y consolidación de muchas personas empleadas que han sufrido esas situaciones abusivas, aunque la técnica legislativa podía haber sido mejor. Además, a través de la fijeza, serían demasiados los perjuicios que se ocasionarían en los procesos iniciados ¿y a punto de finalizar- por esa Ley. De ahí que, finalmente, se opte por una medida económica que satisfaga a las personas temporales que no consigan una plaza; incluso a las que la consigan. La metodología se basa en el análisis de las fuentes jurídicas y de la jurisprudencia.