El marc juridicoconstitucional de la política ambiental

Zusammenfassung

El marco jurídico-constitucional de la política ambiental (resumen en castellano de la tesis doctoral en Derecho de Jordi Jaria i Manzano) La tesis doctoral pretende definir el marco jurídico que la Constitución construye para el desarrollo de la política ambiental. La protección del medio ambiente se considera como uno de los elementos fundamentales del modelo económico constitucional, que redefine las relaciones entre los seres humanos y su entorno en el marco de los procesos productivos y de explotación de los recursos naturales. De acuerdo con este punto de vista, la protección del medio ambiente en los ordenamientos jurídicos modernos responde a una necesidad de ordenar la actividad económica de las sociedades industrializadas para evitar que se produzca una degradación de las condiciones de vida determinadas por la configuración del entorno físico que rodea al ser humano. Partiendo de esta asunción, el trabajo realizado se articula en tres fases principales: contexto, concepto y desarrollo. La primera tarea que se plantea es mostrar que, efectivamente, la aparición de normas jurídicas relativas al medio ambiente es un fenómeno relativamente reciente que se produce a partir de la toma de conciencia de la magnitud de los efectos de la actividad humana en el entorno, lo que sucede a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de la década de los sesenta del siglo pasado. En este contexto, se intenta ubicar la aparición del Derecho ambiental en el marco de la crisis de los presupuestos ideológicos de la Modernidad sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza desarrollados en el seno de la cultura industrial y tecnológica. En segundo lugar, se define el concepto constitucional de medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona como la configuración normativa del espacio físico global de acuerdo con la orientación teleológica definida por la Constitución. Se excluyen, por lo tanto, las aproximaciones restringidas al concepto jurídico de medio ambiente por considerarlas inadecuadas en la interpretación del texto constitucional. Por ello, a pesar de que, en principio, el artículo 45.1 de la Constitución se expresa como una norma de reconocimiento de un derecho, en realidad, se trata, primariamente, de una facultad atribuida a los poderes públicos, en la medida en que se trata de una configuración normativa que no puede depender, en última instancia, del ejercicio de derechos individuales, particularmente, de aquellos que tienen un contenido económico, como el derecho de propiedad (artículo 33) o la libertad de empresa (artículo 38). Ahora bien, aunque la Constitución permite varias soluciones posibles en la política ambiental, se defiende que no es posible cualquier política ambiental dentro del marco definido por la norma fundamental. Así, en aquellos casos en que la actividad normativa del legislador no se corresponda con la necesidad de proteger un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, será procedente la declaración de inconstitucionalidad. La posibilidad del control del legislador es argumento suficiente como para justificar también la intervención de los Tribunales ordinarios en el control de la Administración en relación con la protección del medio ambiente. Es en el marco de este control de los poderes públicos donde debe situarse el derecho reconocido en el artículo 45.1, que actúa, fundamentalmente, como una legitimación para instarlo, aparte de una legitimación para participar en el proceso de toma de decisiones. En relación con esto último, se defiende en la tesis que el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona se constituye en fundamento para sostener la participación de los ciudadanos, sin necesidad de otro título, en los procedimientos administrativos de toma de decisiones que afectan al medio ambiente, así como para sostener la posibilidad de los mismos de impugnar dichas decisiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. The Constitutional Framework of The Environmental Policy (Abstract in English of the Doctoral Thesis in Law of Jordi Jaria i Manzano) This work tries to define the framework that the Spanish Constitution builds to allow the development of environmental policies. The environmental protection is considered as one of the main elements of the constitutional economic model, which redefine the relationships between the human beings and their environment through the regulation of productive processes and exploitation of natural resources. According to this point of view, the environmental protection in the modern law systems is related to a need to establish rules for the economic activity of industrial societies to stop the degradation of the living conditions defined by the structure of the physical environment around the human being. From this point of departure, the work is divided in three main parts: context, concept and constitutional development. The first task to do is to show that the appearance of legal norms about the environment is a relatively new phenomenon which begins with the take of conscience of the magnitude of the effects of human activity in the natural world. This happens since the Second World War and, more intensely, since the 60s. With that historical contextualization we try to locate the appearance of environmental law in the framework of the crisis of ideological presuppositions of Modernity about the relationship between the human being and the nature, as developed in the industrial and technological culture of the last centuries. Second we define the constitutional concept of environment adequate to development of the person as the normative configuration of the physical global space according to the teleological orientation defined by the Constitution. Therefore we exclude the restrictive approaches to the legal concept of environment because we consider that they do not fit in the interpretation of the constitutional text. For this reason, despite the article 45.1 of the Spanish Constitution is formally the recognition of a right, we consider that it is primarily the recognition of a power of the government, because, in order to protect the environment, we need previously a normative definition of the protected form of it, which cannot depend on the exercise of individual rights. In fact, this constitutional norm gives the government some kind of authorisation to put limits in the exercise of certain rights as the property. Anyway, despite the Constitution allows several possible solutions in environmental politics, we defend that it is not possible any environmental policy within the framework defined by the fundamental norm. Therefore, in the cases in which the normative activity of the Parliament does not fit with the constitutional mandate to protect an environment adequate to development of the person, it will be possible the declaration of inconstitutionality by the Constitutional Court. The possibility of control the legislator is a sufficient argument to justify too the intervention of the courts in the control of the government. We must situate in this framework the exercise of the individual right recognised in the article 45.1 of the Spanish Constitution, which works principally as a title to put in act the possibility of control. In this context we can interpret too the right to environment adequate to development of the person as a title to take part in the decision-making process. We defend that this right, as recognised in the Spanish Constitution, is the principal foundation to give support to the participation of the citizens in these processes, without the necessity of any other title to take part. Related to this is the possibility to urge the ulterior control of the decision by the courts if necessary.